Alberto Fujimori, corrupto confeso

Autor(a): Lilia Ramírez Varela

Perú
01-10-2009

A la fecha ya son cuatro las condenas que ha recibido el ex mandatario Alberto Fujimori Fujimori desde su regreso al país. De éstas, dos son por delitos de corrupción, específicamente, por robar nuestro dinero y por corromper a funcionarios/ as públicos y a personas del sector privado para beneficio propio. Justamente el día de ayer, 30 de septiembre, el ex mandatario fue sentenciado a 6 años de prisión efectiva, 2 años de inhabilitació n para la función pública y a pagar 24 millones 60 mil 216 de nuevos soles de reparación civil al Estado, y 3 millones de soles a los agraviados del “chuponeo telefónico”. Por su participación en los casos conocidos como: "compra de medios de comunicación" , “interceptació n telefónica" y "congresistas tránsfugas", y por cometer los delitos de: peculado, contra la administració n pública (corrupción de funcionarios – cohecho activo) y contra la libertad, violación del secreto de las comunicaciones– interceptació n telefónica.

Esta sentencia, emitida en tiempo record, se produce luego de que Alberto Fujimori diera su conformidad total con la acusación fiscal, tanto en los hechos y la pena, como en la reparación civil, el primer día del juicio oral. Razón por la cual, resulta extraño (aunque jurídicamente procedente) que luego de este allanamiento total, ahora, tras la emisión del fallo, haya solicitado su apelación.

Saludamos el trabajo del Ministerio Público y de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema por la rápida emisión de la sentencia, y condenamos las declaraciones del abogado defensor de Alberto Fujimori, César Nakasaki, quien dio a entender que la razón por la cual se produce esta conformidad es por la falta de garantías de independencia e imparcialidad de la judicatura. Afirmaciones falsas y malintencionadas que apuntan a desprestigiar la buena y destacada labor que ha realizado esta Sala Penal Especial en los tres procesos que tuvo a su cargo contra el ex mandatario.

Cómo lo indicó el propio César Nakasaki durante su alegato, la conformidad con la acusación fiscal de Fujimori fue tomada con total libertad y conociendo las consecuencias de la misma. Es más, la propia Sala Penal ha señalado que “la aceptación no es lo único que ha ocurrido” en este proceso, sino que, debido a las acusaciones aceptadas, “se está ante una conformidad absoluta y plena (…). [Lo que significa] que estamos ante un allanamiento–confesión” (pág. 34 de la sentencia). Es decir, Fujimori aceptó afirmaciones en dónde se califica su alianza con Montesinos como un “concierto criminal entre [él] y el asesor […] para constituir una sociedad delincuencial con el fin de cometer actos ilícitos contra los intereses patrimoniales y económicos del Estado” (pág. 19 de la sentencia), o que éste fue el principal beneficiado del trabajo de la red de corrupción enquistada en el poder (pág. 25 de la sentencia).

Ciertamente, dentro de la teoría jurídica existen diversas formas de allanarse sin aceptar este tipo de afirmaciones. Por ejemplo, la figura de la conformidad parcial implica que el procesado pueda mostrar su disconformidad en parte de los hechos, y/o en el tiempo de la pena y el monto de la reparación civil. Sin embargo, Fujimori y su defensa no tomaron este camino, que hubiera significado relativizar tan duras afirmaciones, como su participación, en calidad de organizador, de una red de corrupción.

Ciertamente la probanza de que Alberto Fujimori organizó, y encabezó una red de chuponeo telefónico, de compra de medios y de corrupción, es compleja, y suponía una ardua tarea para la Fiscalía y la Procuraduría. Salvo la existencia de pruebas contundentes, casi siempre el manejo de este tipo de indicios es muy complicado, y juega a favor del procesado. Empero ello, pese a la costosa asesoría jurídica con la que cuenta, Fujimori optó por el camino de la aceptación.

Por ello, para nosotros seria muy ingenuo creer argumentos referidos a un “juicio político”, tan alejados de la realidad. Es evidente que la razón por la cual el señor Alberto Fujimori acepta culpa en este tipo de delitos, sin preocuparse por desvirtuar los hechos y tan crudas afirmaciones, es para evitar la exposición mediática de la gran cantidad de pruebas en su contra, y así evitar el costo político que podría significar que los peruanos/as recuerden y conozcan, en su real dimensión, la gran corrupción que se produjo durante su gobierno, que según un importante estudio, significó la desaparición del 4.5% del producto bruto interno del Perú (Quiroz, Alfonso, Corrupt Circles: A History of Unbound Graft in Peru, 2008).

Y es que de prolongarse el juicio oral en este proceso, iban a salir a la luz todos los actos realizados por Fujimori Fujimori, Montesinos Torres y los demás integrantes de la cúpula delictiva. Tal como lo señala la sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, el desarrollo del juicio oral iba a dejar en evidencia una gran cantidad de actos realizados por esta red corrupta para beneficio del propio Fujimori: neutralizació n de enemigos políticos (caso “interceptació n telefónica”), obtención de aprobación popular mediante la desinformació n al tener a la prensa comprada (caso “compra de medios de comunicación”), y la búsqueda de una fraudulenta mayoría parlamentaria en su tercer periodo, a fin de evitar las investigaciones que podría realizar el Congreso y emitir leyes a su favor, violando con esto todo principio democrático (caso “Congresistas tránsfugas”).

En esto radica la importancia de la difusión de esta sentencia. Este fallo puede lograr que la población conozca la real dimensión de la confesión del corrupto Fujimori y los contundentes fundamentos del fallo supremo, el que refleja todo el daño causado por la corrupción fujimorista, que va desde la dilapidación del precario presupuesto peruano, hasta el envilecimiento durante una década del país.